La justicia europea ha presentado recientemente el informe The 2017 EU Justice Scoreboard en el que España ha obtenido mejores resultados que en años anteriores respecto a la accesibilidad del sistema judicial debido al aumento del empleo de las tecnologías en el entorno jurídico.
Nuestro país también se encuentra en las primeras posiciones en cuanto a las comunicaciones electrónicas entre profesionales y con los ciudadanos: información telemática sobre las características del sistema judicial, disponibilidad electrónica de sentencias, envío electrónico de demandas y otros escritos a los juzgados, así como transmisión telemática de citaciones y disponibilidad de sistemas de nuevas tecnologías en la gestión de tribunales.
Otros de los aspectos valorados positivamente son la información a los interesados sobre la progresión de sus asuntos y el acceso a la asistencia jurídica gratuita.
El sistema jurídico español está realizando grandes esfuerzos por progresar en los tiempos de respuesta judicial, que se reducen cada año. En esta área, se produce una mejora significativa en la tramitación de asuntos administrativos, en particular en aquellos relativos a infracción en materia de propiedad intelectual, donde la duración de los procedimientos es de las menores de la UE y en vía judicial en materia de protección de consumidores.
El informe también recoge la elevada presencia de mujeres en los tribunales de primera instancia españoles con un porcentaje del 60%, si bien esta presencia se reduce al 34% en los tribunales de segunda instancia y por encima del 10% en el Tribunal Supremo, porcentajes estos últimos que se irán incrementando a medida que el elevado número de juezas que se encuentran actualmente en niveles intermedios vaya ascendiendo a las categorías superiores del escalafón.
El estudio también señala que España es uno de los estados miembros con mayor presencia de abogados por cada 100.000 habitantes y que se valora de un modo muy positivo la información a los interesados sobre la progresión de sus asuntos y el acceso a la asistencia jurídica gratuita. Todo ello ha colaborado, sin duda, a que la percepción subjetiva de independencia de la Justicia por parte de los ciudadanos y empresas haya mejorado con respecto al pasado informe.
