El pasado 26 de junio se empezó aplicar la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, que refuerza las normas vigentes y hace más eficaz la lucha contra este delito, así como la financiación del terrorismo. Además, pretende mejorar la transparencia para radicar la elusión fiscal.
La cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales introduce modificaciones con el objetivo de ser más rigurosos y exhaustivos. Entre estas alteraciones encontramos un refuerzo de la obligación de proceder siempre a una evaluación de riesgos impuesta a los profesionales de la banca, del sector de la abogacía o del ámbito de la contabilidad, entre otras profesiones.
También, se determinan para las empresas una serie de requisitos de transparencia sobre la titularidad real; todos estos datos que se recopilen se almacenarán en un registro central y estarán disponibles para consulta de las autoridades nacionales y las entidades obligadas.
Por otra parte, se apostará por la cooperación y el intercambio de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera de los diversos Estados miembros. De este modo, se intentará detectar y seguir las posibles transferencias de dinero sospechosas con la finalidad de prevenir y detectar delitos graves, así como la financiación de organizaciones terroristas. En esta vía, se establecerá una política coherente en relación con aquellos terceros países en los que las normas de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo sean insuficientes.
Ahora bien, ¿Cuáles serán los próximos pasos? En relación con la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales la Comisión Europea será la encargada de controlar la transposición a la nueva directiva y podrá poner sanciones a los Estados que no tomen las medidas necesarias.
Del mismo modo, en relación con el Informe sobre la Evaluación Supranacional de Riesgos, la Comisión realizará las acciones oportunas descritas en el Informe, con especial hincapié en la mejora del funcionamiento y la cooperación transfronterizas de las Unidades de Inteligencia Financiera mediante normas específicas de la Unión Europea.
