Según el artículo 3.3 de la Directiva 2001/42/CE-EDL 2001/24246, que concierne a la evaluación de los efectos de planes y programas en el medio ambiente, únicamente se requerirá una evaluación medioambiental cuando los Estados miembros tengan indicios de que es probable que las modificaciones menores en los programas y planes tengan efectos significativos en el medio ambiente.
Ahora bien, en España en este tipo de supuestos se tiene en cuenta la evaluación simplificada a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 21/2013. No obstante, la cuestión es ¿quién tiene que definir las excepciones a la evaluación medioambiental? En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, ¿qué ley recoge estos supuestos?
La Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.
Artículo 46 Planes y programas que serán objeto de la evaluación ambiental y territorial estratégica
1. Son objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consell, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental relativos a: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, riesgos naturales e inducidos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbanizado o rural, o del uso del suelo.
b) Requieran una evaluación conforme a la normativa comunitaria, estatal o autonómica reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
c) La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, los planes de acción territorial, los planes generales estructurales, las actuaciones territoriales estratégicas o cualesquiera otros planes o programas y aquellas modificaciones de los antes enunciados que establezcan o modifiquen la ordenación estructural, y así lo establezca el órgano ambiental y territorial.
2. Los planes y programas relativos a la defensa de la nación, la protección civil en casos de emergencia y los de carácter financiero o presupuestario quedan excluidos de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica.
3. El órgano ambiental y territorial determinará si un plan o programa debe ser objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada u ordinaria en distintos supuestos.
